EL CORREO
Ciudadanos, p.22
Domingo, 12 de junio de 2011
JUEZA Y MADRE EN LA VIDA
El Poder Judicial lleva meses callado ante la primera petición
de una magistrada catalana de acortar su jornada para cuidar a su hija.
(Javier Muñoz)
Los magistrados velan por los derechos de los demás, pero ¿pueden disfrutarlos ellos también? Y en tal caso, ¿cómo los ejercitan? A esa cuestión debe responder el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tiene sobre la mesa la primera petición de reducción de jornada planteada por una jueza en España. Se trata de Rosa María Font, de 31 años, la primera de la promoción de 2007 y actual titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Martorell (Barcelona). En diciembre pasado pidió acortar su horario laboral un 30% para cuidar a su hija de un año,una posibilidad que tienen todos los trabajadores. Siete meses después, no sabe si podrá acogerse a ella.
Aunque el anterior reglamento de la carrera judicial (2009) y el aprobado este año contemplan la posibilidad de trabajar menos horas, con la correspondiente reducción salarial, Font todavía no ha recibido contestación del Tribunal Superior de Cataluña (TSC) donde formuló su solicitud y luego recurrió por silencio administrativo. Y tampoco tiene noticias del CGPJ, que ha de resolver un recurso de alzada. Le corre prisa porque a la vuelta del verano expira la excedencia que pidió en septiembre de 2010, tras nacer su hija y después del permiso de maternidad y lactancia. Los juicios previstos para cuando se reincorpore al juzgado se están señalando. “Vuelvo en tres meses y necesito saber qué van a hacer para contratar la guardería y organizarme”, explica.
La decisión que adopten el TSC y del CGPJ -que podría abordar el asunto la próxima semana- tiene su miga, porque casi la mitad de la judicatura española está formada por mujeres, principalmente jóvenes. Ese colectivo es mayoritario en muchas comunidades, incluida la vasca, donde ellas representan el 61 % de la plantilla judicial. El segmento de jueces y magistrados de 40 años o menos incluye a 987 mujeres y 513 hombres en el conjunto de España. En Euskadi -con una presencia femenina predominante también entre fiscales, secretarios y demás funcionarios-, las juezas de hasta 40 años suman el 30% del total -61 sobre 203-, mientras que en esa franja de edad apenas ejercen 18 colegas masculinos. Ahora bien, la conciliación de la vida laboral y familiar también tiene candidatos hasta los 50 años, ya que puede solicitarse hasta que los hijos cumplan doce.
“En stand by”
“El Tribunal Superior y el Poder Judicial sólo se han movido cuando mi caso ha salido en la prensa”, se queja Rosa María Font, originaria de Barcelona. En su promoción, la número 57, las mujeres se llevaron cerca del 60% de las 140 plazas, pro la tendencia se ha acentuado, hasta el punto de que en 2011 ellas acapararon el 74% (99 puestos sobre 137). Así se explica, en cierto modo, el silencio que guarda la Magistratura desde que les llegó la petición de Martorell, acompañada de una propuesta para reducir el trabajo de uno de sus juzgados. “Mi caso ha quedado en 'stand by'”, resume la peticionaria. “No puedo aceptar la reducción de jornada de cualquier manera. El juzgado se atascaría”.
Los jueces suelen trabajar cara al público de nueve de la mañana a dos de la tarde, pero prolongan su horario para estudiar y redactar las resoluciones. La disminución de horas, que sólo se puede aplicar sobre las presenciales, supone un reto para el CGPJ, al que la normativa de 2011 otorga la competencia en este asunto y que debe unificar criterios den todas las autonomías. Inmerso en una reorganización de la Justicia, el Consejero se enfrenta a las demandas de una generación de jueces jóvenes diferente de las anteriores, un colectivo consciente de sus derechos y de los déficit de la Justicia -sobe todo, desde la huelga de 2009-, y que por regla general está destinado en los juzgados saturados por la crisis (civil, mercantil y social).
En la V Encuesta a la Carrera Judicial, de 2010, la conciliación fue mencionada por los entrevistados entre los principales problemas de la profesión, por detrás del exceso de trabajo y de la falta de tiempo para elaborar las sentencias, pero al mismo nivel que la falta de personal en los juzgados. La prueba de que la reducción de jornada era una vieja cuestión es que ya estaba reconocida en 2009. Sin embargo, las juezas habían seguido pidiendo las excedencias por hijos porque “la reducción no se había desarrollado en la normativa de aquel año”, explica Rosa María Font, cuyo caso todavía se rige por esa disposición, ya que presentó su solicitud en 2010.
“Se ha quedado corto”.
A su modo de ver, el reglamento de 2011, vigente dese mayo, “ha empeorado las cosas”. Menos categórica, pero crítica, se muestra Ana García Orruño, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao, una baracaldesa madre de los niños que en su día también pidió una excedencia, alternativa que supone no cobrar y asumir un parón profesional. “El nuevo reglamento es un paso, pero se ha quedado corto”, opina. “Concilias más con tu pareja que con la Administración de Justicia”.
La jueza vizcaína tiene razones para ser escéptica. Con la reducción de jornada -hasta el 50% del tiempo- no sólo hay que redistribuir los asuntos que queden sin cubrir, bien entre los demás juzgados, bien entre los jueces sustitutos. La conciliación ha sido concebida en el ámbito judicial con unos límites que quizá disuadan a quienes la esperaban. El horario no se puede recortar en las guardias, que son de semanas enteras, en sesiones de mañana y tarde, partidas o continuas, con la exigencia añadida de estar disponible todo el día.
Aunque el tiempo libre no disfrutado por ese motivo se puede acumular y recuperar en días completos, tal solución no es práctica para todo el mundo, más aún en los partidos judiciales que sólo tienen uno o dos juzgados mixtos (civil y de instrucción) pues o se está siempre de guardia o se entra en periodos alternos. “De qué sirve acumular días libres -resume García Orruño- si vas a pasar semanas enteras sin coincidir con los niños”. Y añade: “Con el trabajo de los juzgados... ¿podrás coger esos días?”
Otro problema es que las modificaciones de horario no han de interferir las vistas y diligencias. Para soslayar esa dificultad, de modo que la conciliación sea compatible con el servicio a los usuarios, el Poder Judicial está obligado a planificar y flexibilizar el funcionamiento de los tribunales y a poner los refuerzos que hagan falta. La cuestión es cómo hacerlo, pues eso significa echar mano de más sustitutos -¿por horas?- en época de recortes presupuestarios. Y luego hay que organizarlos, labor que coincide con la reforma de la oficina judicial.
El juez decano de Bilbao, Alfonso González Grija, cree que la solución será más sencilla “cuando funcionen los tribunales de instancia”, que agruparán a los juzgados unipersonales, hoy separados por números (1, 2, 3...) en un órgano general donde confluirán todos los asuntos. Ese cambio, aún en fase de anteproyecto de ley, permitirá un reparto eficiente de tareas entre los jueces, pues ya no trabajarán en compartimientos estancos, unos atiborrados y otros más aliviados. Para el decano, la reducción de horarios encaja mejor en ese organigrama, aprovechando a los jueces sustitutos y a los de adscripción territorial (encargados de ayudar a los juzgados con picos de actividad).
Sin embargo, las juezas afectadas sostienen que la conciliación sólo será factible, no con recortes de las horas presenciales, sino del número de asuntos, pues la jornada laboral continúa al concluir las vistas y diligencias. Sea cual fuere la solución, lo cierto es que la judicatura no tiene un horario claro “ni se ha definido la carga de trabajo”, se lamenta Ana García Orruño.
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¿Ciudadanos de peor condición?
Rosa María Font no pertenece a ningún colectivo profesional, pero su iniciativa, que figuraba entre las reivindicaciones de la huelga de jueces de 2009, ha avivado el debate en dos entidades: Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación Francisco de Vitoria (AFV). En la primera organización, que ha aprobado un documento sobre conciliación esta semana, algunas voces habían advertido de que “no es de recibo” la inacción del Tribunal Superior de Cataluña, que es el que debe pronunciarse sobre Font -con arreglo al reglamento de 2009-, pero que ha decidido esperar a que el Poder Judicial clarifique su caso. Por su parte, la AFV aprecia en la actitud mostrada hacia Font “la ausencia de una auténtica voluntad” para que los jueces puedan acceder realmente a la conciliación familiar, “como si el carácter de autoridad (…) les hiciera de peor condición frente al resto de los ciudadanos en lo que se refiere a su legítimo derecho a compatibilizar su función jurisdiccional con su familia”.
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